Las industrias extractivas y la sociedad

Requisitos de desarrollo comunitario en las leyes mineras.

Abstracto

Desde mediados de la década de 1980, 32 países de todo el mundo han adoptado requisitos de desarrollo comunitario en sus leyes mineras, mientras que nueve países se encuentran en medio de hacerlo. Este nuevo enfoque de regulación pública para abordar el impacto de la minería va más allá de mitigar el efecto negativo de la minería en las comunidades locales (por ejemplo, a través de acuerdos de compensación y leyes ambientales), para exigir a las empresas y / o estados que se aseguren de que la minería se traduzca en efectos sociales y económicos reales y positivos. Beneficios para las comunidades afectadas por la minería, reparando así la distribución desigual de los costos y beneficios de la minería. Abordo la cuestión de la variación entre países en la adopción de estas leyes mediante una combinación de análisis estadístico y un estudio de caso de reforma regulatoria en Sierra Leona. Encuentro que las fuertes presiones regionales, organizativas y económicas proporcionan incentivos materiales y normativos para que los estados adopten estas leyes, con normas globales que se difunden del nivel internacional al nacional a través de instituciones, actores y flujos financieros internacionales. Es probable que los países con desarrollo comunitario en las leyes mineras influyan en los estados vecinos para que adopten leyes similares, mientras que las iniciativas de leyes blandas como la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas ejercen influencias normativas en los estados miembros para adoptar nuevas leyes que beneficien a las comunidades locales afectadas por la minería. Los Estados también adoptan leyes para atraer inversiones extranjeras a sus sectores mineros, ya que el desarrollo comunitario en las leyes mineras sirve como una señal para la comunidad internacional sobre la calidad del clima de inversión de un país, en particular, la seguridad del entorno de inversión.

Resumen de Estudio

En los últimos veinte años, los programas de desarrollo comunitario han alcanzado prominencia en las actividades de responsabilidad social empresarial (RSE) de las empresas mineras (Eweje, 2006; Kemp y Owen, 2013; Newell, 2005; Hamann, 2003; Kemp, 2009, 2010). Preocupadas por la formulación de una reputación positiva a los ojos de las partes interesadas nacionales y extranjeras, adelantándose a la adopción de nuevas regulaciones y manteniendo una licencia social para operar dentro de las comunidades locales que viven en las proximidades geográficas de sus áreas de operación, las empresas mineras como la Rio Tinto Group, Newmont Mining Corporation y BHP Billiton, así como pequeñas multinacionales y empresas nacionales, han implementado voluntariamente una variedad de programas que brindan beneficios sociales y económicos a las comunidades locales (Kapelus, 2002; Yakovleva, 2005; Jenkins, 2004; Banco Mundial , 2012; ICMM, 2012b).

Los programas de desarrollo local brindan bienes y servicios públicos a las comunidades, incluida la infraestructura básica como carreteras, escuelas, pozos de agua y hospitales, así como becas educativas, servicios de salud y asistencia agrícola y para pequeñas empresas. A pesar de la implementación generalizada de programas voluntarios de desarrollo comunitario por parte de las empresas mineras, los estados ricos en recursos de todo el mundo están recurriendo cada vez más a leyes estrictas para obligar a las empresas mineras, y en algunos casos al propio gobierno, a llevar a cabo proyectos de desarrollo socioeconómico en la minería en comunidades afectadas. Desde mediados de la década de 1980, los estados han estado aprobando nuevas leyes mineras, o modificando las existentes, para exigir que las empresas y / o los gobiernos generen resultados socioeconómicos positivos para las comunidades locales afectadas por las operaciones mineras. Sin embargo, los académicos que estudian la gestión de los recursos naturales, la responsabilidad social empresarial y el desarrollo socioeconómico han pasado por alto esta tendencia ascendente.

En este artículo, se explica la variación entre países en la adopción de requisitos de desarrollo comunitario en las leyes mineras. Si bien la mitad de los principales países productores de minería del mundo (10 de 20) 2 han adoptado requisitos de desarrollo comunitario en sus leyes mineras, no todos los países productores de minería han adoptado estas leyes. Comprender la variación en la adopción del desarrollo comunitario en las leyes mineras es importante porque estas leyes representan un nuevo enfoque para la gestión de los recursos naturales, en el que los estados regulan directamente la inversión social en el sector minero en un esfuerzo por revertir los efectos paradójicamente negativos de la riqueza de los recursos naturales. (McNab et al., 2012). Procedo de la siguiente manera. Primero, describo brevemente los requisitos de los requisitos de desarrollo comunitario que se han adoptado (o están pendientes de adopción) en las leyes de minería de países de todo el mundo, y analizo la naturaleza desconcertante de su adopción. Luego reviso la literatura existente sobre la reforma regulatoria doméstica progresiva, generando hipótesis sobre los efectos de las presiones internacionales y domésticas sobre la adopción del desarrollo comunitario en las leyes mineras. En la tercera sección, pruebo mis hipótesis en un conjunto de datos de 124 países con sectores mineros de 1993 a 2013. Luego analizo la reforma regulatoria de Sierra Leona de 2009 para ilustrar mis hallazgos con mayor profundidad.

El desarrollo comunitario de las leyes mineras se está extendiendo como resultado de las presiones internacionales. Las fuertes presiones regionales, organizativas y económicas están proporcionando incentivos materiales y normativos para que los estados adopten estas leyes. Como demuestran tanto los datos transnacionales como el caso de Sierra Leona, los estados buscan atraer inversión extranjera a sus sectores mineros imponiendo estándares regulatorios más altos, y están utilizando disposiciones legales de desarrollo comunitario para comunicar la seguridad de su entorno de inversión a inversionistas potenciales. Esto desafía la sabiduría convencional de que la globalización necesariamente conduce a carreras regulatorias a la baja, incluso en el sector minero. Más bien, la difusión internacional puede ayudar a mejorar la situación de las comunidades afectadas por la minería. Sin embargo, dado que muchos desarrollos comunitarios en leyes mineras se han adoptado en países que se encuentran entre los más pobres del mundo, la verdadera prueba de sus efectos será examinar su implementación.

Análisis por Nicolás Huerta

El estudio se enfoca en la inclusión de desarrollo comunitario en los layes de los países productores minero. Por un lado, describe brevemente los requisitos de desarrollo comunitario que se han adoptado en las leyes de países mineros. Y por otro se revisa la literatura existente sobre la reforma regulatoria domestica progresiva.

El desarrollo comunitario ha alcanzado gran prominencia, aunque lo que más preocupa es la formulación de una reputación positiva a los ojos de las partes interesadas nacional y extranjero (regulaciones y licencia social para operar). Algunas empresas mineras han adoptado de forma voluntaria una variedad de programas con beneficios sociales. Los estados más ricos en recurso del mundo están recurriendo cada vez más a las leyes estrictas para obligar a empresas mineras, y en algunos casos hasta al propio gobierno. Desde la década de los 80' se han estado aprobando nuevas leyes mientras, o modificando las existentes para exigir resultados positivos para las comunidades. Aquí se explica la variación entre la adopción de requisitos de desarrollo comunitario en las leyes mineras, no todos los países productores mineros han adoptado estas leyes. Estas leyes representan un nuevo enfoque para la gestión de recursos naturales.

El desarrollo comunitario de las leyes mineras se está extendiendo como resultado de la presión internacional, además, los estados buscan atraer la inversión extranjera en sus sectores mineros imponiendo estándares regulatorios más altos.

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