El desarrollo social no entregará licencia social para operar al sector extractivo.
Abstracto
En la última década, el sector extractivo ha adoptado la responsabilidad social y, más recientemente, las empresas extractivas la han ampliado para incluir contribuciones al desarrollo social. Un número creciente de publicaciones académicas, de consultoría y patrocinadas por la industria describen cómo el sector puede contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades de acogida. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones y de su frecuente atención a los problemas, el enfoque del desarrollo social es fundamentalmente defectuoso. A menudo no logra comunicarse con el público al que va dirigido y pide a las empresas que adopten políticas, como «contribuir a la reducción de la pobreza», las cuales no encajan de manera adecuada a las competencias, capacidades e imperativos empresariales del sector extractivo.
Este artículo argumenta que el enfoque incentiva las prioridades y comportamientos de la compañía los cuales desdibujan los límites apropiados entre las empresas, los gobiernos y las comunidades; y puede conducir a consecuencias no deseadas que, en última instancia, resultan en peores resultados comunitarios, y de ahí la dilución de la "licencia social" ansiosamente buscada. Se argumenta a favor de limitar "apresurar" el desarrollo social y centrarse más en ''alcanzarlo” por lo que las empresas priorizan las actividades dirigidas al cambio de comportamiento (y en consecuencia, de actitud) en toda su organización para asegurar la confianza y el apoyo de las comunidades de acogida.
Resumen
Existen muy buenas razones impulsadas por los negocios por las que las empresas extractivas que operan en regiones fronterizas podrían querer prestar atención y contribuir al desarrollo en sus patios traseros, y las empresas en circunstancias fronterizas deberían ajustar sus modelos operativos para ayudar a aliviar la pobreza (o, para decirlo de manera más positiva, generar riqueza y trabajar para garantizar que los beneficios se distribuyan adecuadamente). Las razones egoístas son bastante obvias. Primero, si los extractores de recursos generadores de riqueza intentan operar durante un período de tiempo en un contexto de pobreza y desesperación local, estarán sujetos a continuos intentos de expropiación a pequeña, mediana y posiblemente gran escala, que van desde actores estatales hasta delincuentes espontáneos. En segundo lugar, y de manera más inspiradora, con contribuciones bien dirigidas al desarrollo socioeconómico, una empresa de extracción que pretenda operar a largo plazo generará a su alrededor el tipo de condiciones económicas auto sostenibles que reducirán sus propios costos con el tiempo. Por lo tanto, una empresa de extracción que tiene la intención de establecer una presencia sostenible debe asumir compromisos justificados para ayudar a hacer crecer las economías locales y los medios de vida alineados con sus propios intereses.
La industria extractiva sabe que tiene un problema de "licencia social"; no hay disputa sobre esto. Lo que está en disputa es cómo definirlo exactamente, si el concepto en sí, en sus diversas formas entendidas, es el problema y cómo empezar a rectificarlo. Una forma popular de abordarlo es el enfoque informativo, comúnmente conocido por términos como "responsabilidad social corporativa", "alcance comunitario", "asuntos externos", "ciudadanía corporativa", "consulta con las partes interesadas" y otras expresiones. Más recientemente, el enfoque ha asumido una mayor sofisticación, basándose en encuestas de percepción, estudios económicos y teoría del desarrollo. Sin embargo, el impulso es esencialmente el mismo; se basa en el "apresuramiento", la entrega de información, una creencia permanente de que el problema es posicional y que el problema está "ahí fuera".
También hay que reconocer que los gobiernos están exigiendo cada vez más, de una forma u otra como condición para la concesión de una licencia legal, que las empresas se presenten y se comprometan a ejecutar programas de "inversión social" locales o regionales. Sin embargo, el asunto crítico para las empresas extractivas, y el dilema definitorio, es que en el corazón del tema de la licencia social se encuentra una falta de confianza recíproca; y la confianza no se puede comprar con "alcance", como tampoco se puede comprar con enfoques informativos. La confianza se basa en una creencia sólida como una roca de que las partes harán lo que dicen que harán, ya sea para bien o para mal, y solo puede asegurarse mediante comportamientos demostrados. Para lograr mejoras sostenibles en la forma en que las empresas extractivas y las comunidades de acogida interactúan y generan confianza entre sí, necesitamos un actuar menos "difuso" y más "concreto". Esto es exactamente lo contrario de lo que defiende la reciente avalancha de literatura que hace referencia de diversas formas a la "responsabilidad social empresarial", la "inversión social", la "inversión comunitaria" y otras palabras de moda que reflejan el sector del desarrollo.
Las empresas extractivas no son ONG de desarrollo y no deberían intentar emularlas poniendo demasiado énfasis en programas de "extensión" independientes. En cambio, para mejorar las relaciones y las contribuciones a las comunidades de acogida, lo que es más apropiado y lo que puede y ha funcionado es un cambio de comportamiento decidido en las prácticas internas de la fuerza laboral y del negocio. Para mejorar su "licencia social", las empresas extractivas deben priorizar la "claridad ", no la "confusión". ¿Qué significa esto en la práctica?-Significa trabajar para cambiar los comportamientos y, por ende, las actitudes de sus propios empleados en todo el espectro de la fuerza laboral. Significa minimizar muy conscientemente la creencia de que los programas de 'extensión' pueden sustituir la tarea implacablemente difícil de trabajar con la población local cara a cara en temas que son importantes para ellos, no en las agendas establecidas por los desarrolladores y sus organizaciones nacionales o internacionales.
Análisis por Marcelo González
La discrepancia y falta de una estructuralidad bien definida en el marco de la construcción del concepto de “licencia social para operar”, converge en un tema imprescindible a abordar correctamente por la industria extractiva. Es necesario comprender que el rol central de las industrias sobre las comunidades no radica en actuar como un agente extra vinculado a velar por el crecimiento social integro de una comunidad adyacente, sino más bien implica el poder lograr una sinergia completa por medio de una comunicación fluida que permita generar un desarrollo mutuo sostenible en el tiempo.
Es necesario un enfoque bibliográfico adecuado que permita definir y aplicar de manera óptima el concepto de licencia social. Las investigaciones en este aspecto deben ser capaces de otorgar lineamientos estables en el marco operativo para la industria extractiva así como definir de forma concreta el actuar de estas en relación al entorno comunitario con el cual puedan encontrarse. El desarrollo social ligado a la industria extractiva no entrega garantías para la obtención de la licencia social, puesto que el sector empresarial no presenta las competencias ni facultades necesarias para garantizarlo de manera concreta. Sin embargo, un trabajo conjunto y fluido entre los entes participantes, puede generar las directrices para el desarrollo futuro de las partes involucradas.
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